La implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) en España comenzó oficialmente el 12 de junio de 2026 con la aplicación de una directiva los nueve reglamentos de aplicación obligada para el conjunto de la Unión Europea.
Los días 24 y 25 de septiembre, más de 30 organizaciones de la sociedad civil, especialistas jurídicos del Observatorio de Derecho Público de la Universidad de Barcelona y personas vinculadas a la defensa de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo nos reunimos para analizar los elementos más críticos de la implementación del PEMA en el estado español.
Con una mirada puesta en la crisis humanitaria en Ceuta, la jornada permitió combinar el análisis jurídico y político con las actuaciones que las organizaciones están desarrollando desde hace años en los diferentes territorios de frontera. Las conversaciones evidenciaron la falta de garantía y vigilancia de los derechos de las personas migrantes ante procedimientos nuevos y acelerados de triaje y asilo que priorizan el control sobre la identificación y protección de las personas en situaciones de vulnerabilidad y/o solicitantes de protección internacional.
Durante la jornada se señaló una tendencia que atraviesa las últimas reformas: mientras la migración es un fenómeno amplio y complejo, las políticas europeas se están concentrando en el control de fronteras, limitando el acceso al asilo y fomentando los retornos a terceros países incluso cuando las personas no han tenido ningún vínculo en dichos territorios.
La situación en frontera
Una de las principales preocupaciones señaladas fue el plazo de apenas 72 horas para identificar y proteger a las personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, sean menores de edad, posibles víctimas de trata, o susceptibles de solicitar protección internacional.
En este sentido, las entidades llevan tiempo reclamando mecanismos de identificación que incluyan la participación de profesionales especializados y garantías efectivas como asistencia letrada, interpretación y representación legal de los y las menores que viajan solos.
Las organizaciones que acompañan en frontera compartieron las dificultades para conocer con claridad cómo se están desarrollando los procesos de triaje, qué mecanismos existen para detectar situaciones de vulnerabilidad o dónde serán derivadas posteriormente las personas.
Y es que la aceleración del procedimiento puede aumentar el riesgo de que situaciones de vulnerabilidad pasen inadvertidas y de que las personas no puedan ejercer adecuadamente sus derechos.
Prepararse juntas para lo que viene
La manera en que los nuevos procedimientos se apliquen en las fronteras sumado al desarrollo de la normativa europea sobre retornos exigirá seguimiento, capacidad de respuesta e incidencia por parte de la sociedad civil organizada.
Ante este escenario, fortalecer las redes entre entidades, compartir información desde los territorios y documentar lo que ocurre serán herramientas esenciales.