El pasado 30 de junio, terminó el plazo de presentación de solicitudes para la regularización extraordinaria de personas migrantes, tras algo más de dos meses desde que el Ejecutivo impulsó el proceso a través del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril.
Según han adelantado fuentes gubernamentales, 1.174.968 personas migrantes han solicitado acogerse a este proceso de regularización extraordinaria, superando ampliamente las previsiones iniciales, aunque la cifra deberá de confirmarse en los próximos meses.
Se ha logrado un hito histórico obtenido por la sociedad civil, desde su concepción hasta su materialización, en una lucha incesante y sostenida hasta el último momento, perseverando colectivamente para que la regularización extraordinaria fuera una realidad.
La regularización no es solo un trámite administrativo, sino que es mucho más, es un avance clave en justicia social, significa que miles de personas que viven en este país y lo sostienen, que tienen proyectos de vida, puedan hacerlo sin miedo, accediendo a derechos, dejando de ser invisibles, de estar excluidas y que contribuirá significativamente a dar un paso más en nuestra meta de reducción de desigualdades económicas y sociales como sociedad. Una victoria que habla de derechos, de dignidad y de la capacidad de la ciudadanía para transformar la realidad.
Las organizaciones de la sociedad civil han sido el motor principal en todo el proceso, liderado desde el Movimiento Regularización Ya, desde sus inicios con la ILP (Iniciativa Legislativa popular) para la Regularización extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes, que nació del esfuerzo colectivo de la sociedad civil organizada, con voz propia migrante.
Entre todas se consiguieron más de 700.000 firmas de personas de la sociedad civil y el apoyo de 900 organizaciones muy diversas, así como más de 80 mociones aprobadas en distintos municipios de todo el país.
Recientemente hemos tenido la oportunidad de hablar con Edith Espínola (de Regularización Ya y SEDOAC) y Soledad Lucero (Asociación Movilidad Humana), quienes nos han hecho un repaso sobre lo que ha significado este movimiento y lo que ha supuesto acompañar a tantas personas solicitantes.
Como se ve en sus palabras, el proceso ha resultado ser duro, muy intenso y desgastante; y, una montaña rusa con distintas intensidades, que ha requerido de altas dosis de Incidencia política con los diversos partidos políticos e instituciones, comunicación y sensibilización. El primer logro fue su toma de consideración en el Congreso en septiembre de 2024. Después permaneció durante meses guardada en un cajón, ya que la aritmética parlamentaria y la voluntad política no era favorable, siendo muy complicada su aprobación. Sin embargo, la lucha constante dio sus frutos con la aprobación de la regularización extraordinaria en enero de 2026 y finalmente con la aprobación del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, para acceder a una autorización de residencia y trabajo de un año de vigencia. Este acuerdo ha sido posible tras un arduo período de negociación e incidencia política de las comunidades y colectivos migrantes articulados en defensa de sus derechos.
También hubo un proceso de consulta pública para hacer aportaciones al borrador del Real Decreto con una alta participación de la sociedad civil organizada. El Gobierno incorporó varias de las propuestas para flexibilizar requisitos y facilitar el acceso al máximo número de personas.
Pero el esfuerzo de la sociedad civil organizada no acabó ahí. El plazo para que las personas extranjeras pudieran solicitar la regularización extraordinaria en España comenzó el 16 de abril y finalizó el 30 de junio. Durante este tiempo, casi 500 entidades, sobre todo, pequeñas y de base, que se acreditaron como entidades colaboradoras en el Registro Electrónico de Extranjería desde el inicio, han soportado el mayor peso en este proceso, acompañando y asesorando jurídicamente a las personas migrantes en la presentación de solicitudes y en la elaboración de informes de vulnerabilidad, trabajando sin descanso y totalmente desbordadas, así como otras que no lograron acreditarse por distintos motivos pero han estado también informando y apoyando la presentación de expedientes o a través de voluntariado en entidades acreditadas.
Desde Oxfam Intermón hemos trabajado en esta agenda, desde sus inicios, hace ya más de 4 años, junto a muchos colectivos, personas y organizaciones aliadas para llegar a este momento, recogiendo las firmas necesarias, apoyando la generación de evidencia, el análisis, la articulación de propuestas, incidencia política y apoyo técnico, formativo y financiero, entre otras, para afrontar el reto que tenemos como sociedad para la igualdad de oportunidades, reducción de las desigualdades y porque todas las personas deben de tener los mismos derechos y deberes.
Es importante no olvidar que se trata de una medida extraordinaria y temporal, que no resuelve de forma estructural la situación de las personas que queden fuera o lleguen después, lo que implica seguir impulsando cambios en la política migratoria con un enfoque de derechos humanos. Por otro lado, ante el avance de la ultraderecha y los discursos antinmigración, será necesario prevenir y gestionar riesgos de retroceso o limitación de derechos.