La crisis de la vivienda en España se ha consolidado como uno de los principales motores de desigualdad, ya que el coste del alquiler y la compra absorbe los ingresos, reduce la capacidad de ahorro y sitúa especialmente a las personas inquilinas —jóvenes, migrantes y hogares vulnerables— en una “trampa del alquiler” que perpetúa la precariedad y dificulta el acceso a la propiedad. Exigimos medidas estructurales que prioricen la vivienda como derecho.